Unas de las etapas finales del proceso de formulación
y ejecución de políticas públicas para el desarrollo, es precisamente el
monitoreo y la evaluación de los planes, programas y proyectos ejecutados con
la intención de lograr ciertos objetivos o metas de política. El caso
Dominicano es sumamente rico en experiencias de políticas, algunas
implementadas y muchas otras que se han formulado y dejado de implementar, que
resultan ser provechosos casos de estudios para su evaluación de resultados e
impactos de tal suerte que resulten ser ejemplos de lecciones aprendidas para
el ejercicio continuo de perseguir el desarrollo económico y social de nuestros
países. La filosofía popular no se equivoca cuando dice que tanto de las buenas
como de las no tan buenas experiencias se saca algún aprendizaje.
Tal
es el caso del tan necesario rescate del Parque Nacional de Valle Nuevo,
iniciativa que concitó amplio apoyo de la población dominicana por sus
evidentes impactos favorables en el medio ambiente (muchas veces tan descuidado
por quienes han tenido el llamado patriótico de protegerlo), pero que también
genero el rechazo de la población que resultaba afectada y además, de mucha
gente conocedora y estudiosa de la materia. Este rechazo, critica y reclamo de
las partes mencionadas se debió más que al fondo, a las formas; es decir, quienes
tenían algunas puntos de vistas encontrados, lo hacían debido a la necesidad de
consenso social, la necesaria mejor planificación, coordinación
interinstitucional y gradualidad de las medidas implementadas, dado que el
problema de dicho parque venían de más de cuatro décadas atrás y el propio
Estado dominicano tenía rol significativo en los problemas allí concitados, por
el hecho de incumplir algunas leyes y no velar por fiel cumplimiento de otras.
El
17 de Diciembre de 2016 publique en
este mismo diario el primero de una serie de artículos al respecto,
mostrando en base a la evidencia en los datos y la literatura existente,
la necesidad de una mejor planificación, coordinación y consenso
social en la formulación y ejecución de políticas públicas relacionadas al
medio ambiente y al desarrollo en el caso del rescate de Valle Nuevo. Estos artículos
obtuvieron el apoyo de muchos de los involucrados y especialistas en la materia,
ex-presidentes, ex-ministros de Medio Ambiente, rectores de universidades y
sobretodo, la población que a leguas resultaba más afectada por tales medidas: los
más pobres de los trabajadores de la agricultura que tenían décadas
trabajando dichas tierras.
En
resumen, en tales artículos se hacía uso de la definición del desarrollo
sostenible y sus tres componentes: ser humano, medio ambiente y su constante e
ineludible interacción, la economía. Se indicaba que República Dominicana, según
cifras oficiales y según el estado del arte de la literatura y el conocimiento
tanto nacional e internacional, es un caso de un país relativamente exitoso en términos
económicos y medioambientales, no tanto así en términos de eliminación de la
pobreza y la desigualdad. A pesar de todo esto, se indicaba que el país tenía (y
aún tiene) muchos retos pendientes y oportunidades trascendentales para lograr el
desarrollo sostenible, tanto en términos económicos, medioambientales (la pérdida
de cobertura boscosa en plenos parques nacionales así lo mostraba), pero, mucho
más términos de justicia social. En aquellos artículos establecía, además, que
la documentación oficial de las autoridades involucradas indicaba que el
problema existía con mucha anterioridad y que, en dicho parque existían sendas
porciones de terreno que no eran objetivo de conservación y que existía una
lista desde 1998 de los agricultores que trabajaban la tierra dentro del parque
desde mucho antes de ser declarado como reserva científica y posteriormente
parque nacional.
Recuerdo
que pasé gran parte de mis vacaciones navideñas de 2016 estudiando un amplio
pliego de estos documentos, incluyendo el Plan de Manejo de Valle Nuevo, mismo
que establece en su página 79 en relación a los agricultores “en vez de
definirlos como villanos e ignorarlos como muchos grupos conservacionistas han
hecho, se recomienda que se establezca contacto permanente con ellos y que se
entre en negociaciones, para ver qué solución se puede establecer con sus
tierras si destinarlas a la conservación o al uso técnicamente adecuado de los
recursos y no a la explotación irracional”. Otro documento abordado fue
el Plan Operativo Anual (POA 2016), publicado en Septiembre 2016
donde se establecía el objetivo de reducir las actividades agrícolas en 48
meses (unos 4 años), es decir, de una forma gradual y quizás menos conflictiva que la que se había implementado.
Paradójicamente, en el mismo mes de Septiembre 2016, acabando de juramentarse
en la cartera del Ministro Francisco Domínguez Brito, se publicó la resolución que
daba un plazo de tres meses para terminar con toda actividad agrícola dentro de
los límites del parque. En Enero de 2017 recibí la invitación de parte del
ministro y parte de su equipo de asesores para conversar sobre mis artículos, la
cual acepté con mucha complacencia, lamentando que en un dialogo sincero con
uno de sus asesores este mencionara que “El Estado había metido la pata” con la
aprobación de tales planes de manejo y POAs, de tal suerte que al parecer el Estado
Dominicano cambia de cara y de objetivos cada vez que hay un cambio de
autoridades en la administración pública.
Dado
estas verdades ha de entenderse por qué tal iniciativa, a pesar de ser apoyada
casi por toda la población dominicana, haya suscitado el descontento de las
familias afectadas y muchos expertos y conocedores de la temática, en especial algunos
de los que trabajaron en los referidos planes. De hecho, con
el rescate del Parque Nacional Los Haitices se procedió de una forma más
gradual y elocuente, donde se prescribía que las actividades agrícolas tenían
un límite temporal de 10 meses, y además se establecía en su resolución la
posibilidad de hasta modificar los límites de dicho parque. Ahí está la razón por
la cual el conflicto social con dicha iniciativa tienda a ser muy mínimo.
Pero,
¿Cuáles han sido los efectos de tales medidas? Sin lugar a dudas que se ha conseguido
el objetivo de salvaguardar el bosque y el agua que se produce en la Madre de las Aguas, como se le conoce al Parque Nacional Valle Nuevo. La mayor
disponibilidad de agua es evidente al visitar Rio Grande, aunado a las buenas
temporadas de lluvia que se vieron en 2017 y principios de 2018. También, hay
que reconocer que queda por delante un trabajo enorme de reforestación de las áreas
que se ha prohibido la agropecuaria y de muchas otras que no necesariamente se producía.
Evolución de Precios Agregados de Algunos Bienes Producidos en Constanza, por Mes
FUENTE: Datos de índice de precios por productos del
BCRD
Sin
embargo, se ha incurrido en una gran injusticia con los trabajadores agrícolas más
pobres, quienes a esta altura de juego aún esperan por las soluciones
prometidas, y hasta reclaman
haber pasado hambre ya que ni siquiera las raciones de comida prometidas han
llegado. Aún esperan ser
reubicados (lo que debió hacerse efectivo antes de que terminara Enero de
2017, ya que no tenían opciones de trabajar sus tierras) y se les ha prometido entregarles
a los 53 agricultores pobres casa y unas 4 tareas de tierra, lo que me parece
insignificante para una familia que mínimo debe contar con 5 miembros cada una.
Los agricultores más pudientes se han reubicado por ellos mismos y
contradictoriamente, según escuché de buena fuente, algunos hasta se han dirigido
hacia el Parque Nacional Armando Bermúdez, donde la tierra es más barata y
hasta altos funcionarios políticos y militares la explotan para la
agropecuaria. Por otro lado, sin ser exhaustivos y entendiendo que el rescate
de Valle Nuevo no es la única causa, por la menor disponibilidad de productos
que se generaban en la zona de Constanza, se ha visto una escalada alcista de
los precios de algunos productos, llegando a sumar el 39% de inflación de los
precios de la cebolla, 22% los precios de la papa y 13% del ajo entre 2016 y
2017, según los datos del Banco Central (ver gráfico). De hecho, a finales de
2017 se vieron precios en finca históricos de la papa por ejemplo, llegando a
ofertarse hasta 65 pesos por libra (los cuales se sitúan generalmente entre 20
y 30 pesos).
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