Ya
el palo esta dado, como comúnmente decimos los dominicanos. El Ministerio de
Medio Ambiente y Recursos Naturales, encabezado por el nuevo ministro Francisco
Domínguez Brito, se impuso con la resolución que ordenaba la salida de todos
los productores agrícolas dentro de los límites o zonas de amortiguamiento del
Parque Nacional Valle Nuevo para finales de Enero del 2017. Esta medida, aunque
con buenas intenciones, violaba los acuerdos ya establecidos en el Plan de
Manejo (donde se reconocía que hay áreas dentro de los límites del parque que
no son conservables ni meritorias de formar parte de un parque nacional) y en
el propio Plan Operativo Anual (POA) 2016 del Parque
donde se establecía reducir la agricultura a los niveles de 1998 y el Plan de Manejo de los Recursos Naturales de Constanza publicado en Septiembre 2016, donde se establecía en la actividad 2.7.39 el objetivo de reducir las
actividades agrícolas en 48 meses (unos 4 años), es decir, de una forma gradual
y quizás menos conflictiva.
La
semana pasada, prácticamente a horas de vencer el plazo para terminar todas las
actividades agrícolas dentro de los límites del parque, el ministro de Medio
Ambiente se reunió con los campesinos pobres que tienen décadas trabajando sus
tierras y les prometió buscar alternativas viables para que con su trabajo
obtengan el sustento diario de sus familias. Esto al menos con los productores
ubicados en algunas comunidades de Constanza, ya que en las demás localidades
de Bonao, San José de Ocoa y Azua se continúa con actividad agrícola dentro del
parque. Según reportaron algunos medios de comunicación, entre las propuestas
de Domínguez Brito se encuentran el pago de sueldos mensuales de RD$7,500 como
guardabosques, la promesa de reubicación de algunos productores y el estudio del
financiamiento de la construcción de invernaderos para algunos de los afectados.
En resumen, vencido el plazo no se tienen propuestas concretas de solución al
problema histórico creado por la ineficiencias institucionales del país y la reiterada
violación de las leyes ambientales y de aéreas protegidas (muchas veces
auspiciadas por las propias autoridades gubernamentales). Sin embargo, la
mayoría de estos padres de familias no saben de dónde van a sacar el “pan de
cada día” de sus dependientes a partir del mes de febrero y el resto del año.
Así es como se elaboran y ponen en ejecución
las políticas públicas en la República Dominicana: falta de planificación y
consenso social, sin un análisis costo-beneficio exhaustivo y al final se toman
las decisiones de las alternativas más costosas y menos viables. En el caso del
atolladero creado en Valle Nuevo, hay que reconocer que si no se buscan soluciones
que en vez de generar más pobreza y desigualdad permita a los campesinos
involucrados salir de la pobreza y mejorar sus condiciones de vida, no seremos
exitosos conservando el medio ambiente y resguardando las areas protegidas. Como
ha de entenderse, ningún ser humano viviendo en condiciones de pobreza y sin
educación, va a tener como prioridad conservar el medio ambiente. De ahí mi
propuesta de una visión integral del problema, como lo propone un enfoque como
el planteado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030.
Mi propuesta inicial que publicara en
este diario a mediados de diciembre de 2016: Pacto
por el Desarrollo Sostenible: Iniciemos por Valle Nuevo y
otros dos artículos abogando por la paz, justicia y desarrollo para todos, la
única objeción que ha recibido es
que aparentemente estaría contraria al cumplimiento estricto de la Ley de
Areas Protegidas. Con relación a ello tengo tres argumentos: i) La ley ha sido
históricamente violada por todos los
actores, y paradójicamente, quien ha estado a cargo de elaborarla y hacerla
cumplir es quien de primera mano la ha violentado. El propio Estado dominicano
ha demostrado la ineficiente institucionalidad y no apego estricto a la ley del
que adolece, cuando establece areas protegidas y no cumple el mandato legal de
resarcir a los propietarios de terrenos y/o movilizar las actividades humanas
dentro de esas terrenos; ii) La propia ley que establece los límite de Valle
Nuevo es irracional, ya que como se establece en el Plan de Manejo, dentro del
parque existen sendas áreas que no son conservables y que desde tiempos de
Trujillo se han dedicado a la agricultura, y lo más importante, han estado ocupadas
por gente trabajadora de la tierra y de donde obtienen el sustento de sus
familiares; finalmente, iii) Las leyes dominicanas no necesariamente son las más
completas y de avanzada, y como tal, siempre pueden ser motivo de
modificaciones y discusiones.
¿A que me refiero con este último punto?
Si uno busca referencias en la materia sobre áreas protegidas, necesariamente
se encontrará con las “Categorías de manejo de áreas protegidas” de la
UICN (Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza), institución de la cual
el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales es miembro. Desde hace mas
de 25 años, esta institución internacional establece seis categorías de áreas
protegidas, siendo la última “Categoría VI: Uso sostenible de los recursos
naturales”, donde se indica que su objetivo es: “Proteger los ecosistemas
naturales y usar los recursos naturales de forma sostenible, cuando la
conservación y el uso sostenible puedan beneficiarse mutuamente.” Esta podría
ser una solución pragmática, y para mí, la menos costosa para el Estado
Dominicano y más eficiente y sostenible en términos económicos y sociales. Para
finalizar, les dejo con el penúltimo párrafo de mí propuesta, viable a la luz
de estos argumentos, por un Pacto por el Desarrollo Sostenible en RD:
“Por
fortuna, existen alternativas que nos permitan alcanzar un consenso o pacto
social que dirija a toda la nación por un viaje de transformación hacia un país
mejor, como establece la propia Estrategia Nacional de Desarrollo (END, Ley
1-12). Por ejemplo, ¿Por qué no zonificar y delimitar las comunidades que
históricamente han sido de vocación agrícola, ya deforestadas y fuente de
sustento de muchas familias, para que se desarrollen proyectos de agricultura
sostenible? Existen opciones de agricultura sostenible como la macadamia, el café,
aguacate, entre otros árboles frutales orgánicos con amplio potencial y
dinamismo para la exportación, que a la vez contribuyen con la reforestación y
la protección del agua y los suelos, generan riqueza y bienestar para los
hogares de la zona rural (precisamente donde vive la población con mayores
niveles de pobreza). Por igual, evaluar la factibilidad de implementar algunos
proyectos ecoturisticos y de silvicultura que involucre a las propias
comunidades en la protección del medio ambiente. Es decir, hacer realidad de
manera integral y consensuada el concepto de desarrollo sostenible en la
República Dominicana: economía, medioambiente y, sobretodo, ser humano,
conviviendo de manera armoniosa y contando con la regulación de un Estado
eficiente…”
Esta opción será una estrategia
ganar-ganar, ya que en vez de aumentar se podría reducir la pobreza, hacer
justicia con los más necesitados y los que tienen menos que ver con el
atolladero creado en Valle Nuevo y, propiamente, hasta el Gobierno podría
generar recursos (establecer como impuesto el 10% de las producción en tales “áreas
protegidas manejadas”, como las establece la UICN, por ejemplo), y así se podría
de manera sostenible conservar el medio ambiente y contribuir a alcanzar el
desarrollo del pueblo dominicano.
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